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REDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL

PLANIFICACIÓN FISCAL DE LA SUCESIÓN EN ARAGÓN. PARTE VI

Una buena planificación fiscal de la sucesión debe tomar en consideración las ventajas fiscales previstas en la legislación aragonesa. En este artículo vamos a tratar la relativa a la reducción por la adquisición mortis causa de la vivienda habitual de la persona fallecida.

Efectivamente, en Aragón, el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, en su artículo 131-8, prevé la reducción en la base imponible del impuesto de sucesiones por la adquisición mortis causa de la vivienda habitual.

En primer lugar, y muy importante, se debe conocer a favor de quién se prevé esta reducción. Concretamente, pueden ser beneficiarios de esta reducción el cónyuge, los ascendientes y descendientes del fallecido, y el pariente colateral mayor de 65 años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.

En cuanto a los límites, la Ley prevé un límite de 200.000€ por cada sujeto pasivo. Y el porcentaje de reducción previsto es del cien por cien del valor de la vivienda.

En la práctica, lo que frecuentemente sucede es que, excepto a los parientes colaterales, a los otros beneficiarios se les aplica la reducción de familiares. Reducción incompatible con la que aquí estamos tratando, y cuyo límite es muy superior.

Por último, la legislación autonómica establece una condición para poder beneficiarse de esta reducción. Así, la reducción está condicionada al mantenimiento de la vivienda habitual adquirida durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante. Todo ello salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

Pero cuidado, porque de no cumplirse tal condición, el que fuera beneficiario deberá pagar la parte del impuesto que hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora.

Si te ha parecido interesante este artículo, no te pierdas el relativo a la reducción fiscal de familiares en Aragón que podrás visitar en el siguiente enlace.

LA REDUCCIÓN FISCAL DE FAMILIARES EN ARAGÓN

PLANIFICACIÓN FISCAL DE LA SUCESIÓN EN ARAGÓN. PARTE V

En este quinto artículo relativo a las ventajas fiscales de una buena planificación de la herencia, vamos a ver uno de los apartados más interesantes a tener en cuenta. Los herederos con beneficios fiscales en Aragón.

A la hora de planificar la sucesión, debe tomarse en consideración las reducciones que prevé la Ley para determinados sucesores. Así, en Aragón, el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, en su artículo 131-5 prevé la reducción en la base imponible del impuesto de sucesiones a favor del cónyuge y de los ascendientes y descendientes del fallecido.

Por lo tanto, el causante aragonés debe saber que en su Comunidad Autónoma, el cónyuge, los ascendientes y descendientes podrán aplicarse una reducción del 100 por 100 de la base imponible correspondiente a su adquisición mortis causa, incluida la relativa a pólizas de seguros de vida. Además, no se establece un límite de patrimonio preexistente de los sucesores para que puedan ser beneficiarios de esta reducción. Reducción que se eleva a 500.000€ (o 575.000€ en caso de discapacidad del contribuyente), de manera que la mayoría de familias de capacidad económica media en Aragón quedan exentas de tributación.

En conclusión, los parientes más cercanos (cónyuge, descendientes y ascendientes) del causante, hasta 500.000 €, con independencia del patrimonio preexistente que tuvieran, no pagarán impuesto de sucesiones por la adquisición mortis causa en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Eso sí, en el caso de que los beneficiarios sean los nietos o biznietos del fallecido, este límite de 500.000€ no se aplica a cada uno de ellos, sino por estirpes (por cada hijo del causante). Por último, y también relacionado con este límite, cuando con el cónyuge del fallecido aun convivan hijos menores de edad, se elevará éste 150.000€ más por cada hijo.

Si quieres saber más sobre esta reducción, y las modificaciones que se introdujeron, puedes consultar el siguiente post.

CONTRADICCIÓN EN CUANTO AL REQUISITO DE PERSONAL CONTRATADO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Como es sabido, para aplicar la Reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por la adquisición mortis causa sobre un negocio profesional o participaciones en entidades, se establecen una serie de requisitosPara ello, la normativa autonómica remite a la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la cual, a su vez, nos redirige a lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Así pues, si acudimos al artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, observamos que es requisito indispensable para que la actividad de arrendamiento sea considerada actividad económica o empresarial que haya, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

La normativa del IRPF  exige que haya una persona contratada

Sin embargo, esta exigencia de “persona contratada” en el arrendamiento, es un tema problemático porque no se ha asentado jurisprudencia al respecto. Así, como bien explica Miguel Caamaño Anido en el blog de CCS Abogados, existen sentencias contradictorias en esta materia, que a continuación ponemos de manifiesto.

Por un lado, el TSJ Cataluña entiende que si el trabajador de una empresa dedicada a la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles, recibe en donación participaciones en el capital social de la empresa en un porcentaje igual o superior al 50%, puede entenderse que no se dan las notas de dependencia o ajenidad, sino que el trabajador pasa a tener el control y poder de la empresa. De este modo, no puede ser considerado empleado de la misma y, por lo tanto, no cumple la condición exigida por la Ley del IRPF.

Mientras, por otro lado, el TSJ Murcia dispone que, salvo disposición expresa en este sentido (la cual no existe), es irrelevante a efectos fiscales la naturaleza laboral o mercantil que une al socio mayoritario con la entidad para el cumplimiento de esta condición.

El TSJ catalán entiende que no se cumple la condición, todo lo contrario al Tribunal murciano

Es por ello que, todavía no existe un criterio uniforme al respecto y, por ende, nos podemos encontrar en una planificación fiscal problemas al respecto por seguir uno u otro criterio.